Chile sigue esperando

Fernando Barros

Es oportuno recordar el llamado que hiciera el Papa Juan Pablo II en 1987, conminando a los lideres económicos y políticos chilenos a no olvidar que “a los pobres los tienen siempre con ustedes” por lo que todos tenemos la obligación de hacer el bien y desarrollar todas las acciones a nuestro alcance para que los más desvalidos puedan superar la pobreza.

Después del breve auge de teorías promoviendo el decrecimiento y el que son las personas las que deben estar al servicio del Estado, hoy existe amplio consenso en que el crecimiento del país, con la consiguiente generación de empleos formales y estables, es el gran creador de oportunidades para los que quieren surgir y que, como ciclo virtuoso, esos empleos generan, a su vez, crecimiento y desarrollo.

“Los pobres no verán mejorada su situación en un Chile que se da el lujo de considerar normal el que se requiera más de una década para sacar adelante una iniciativa empresarial mayor o años para trámites menores”.

También se ha tomado consciencia de que, a la ineficiencia de un aparato estatal burocrático, ajeno a toda evaluación de desempeño, la proliferación de trámites y exigencias impuestas al emprendimiento y la actividad empresarial, se suma la “permisología”, que no es más que la exacerbación de los derechos de un colectivo indefinido, en algunos casos como una suerte de deidad, caracterizado como “pueblos originarios”, “comunidades”, “derechos de la naturaleza” y otros en cuyo beneficio o presunta defensa se ha postergado el interés o bienestar común y al ser humano mismo.

En busca de una solución, bien intencionada, pero que no aborda la raíz de la enfermedad, se discute en el Congreso agilizar los tiempos de respuesta de la administración en los múltiples trámites y exigencias surgidas en las últimas décadas, que han significado el deterioro de la inversión y la pérdida de parte del enorme potencial del país, presentando como grandes metas que se rebajen en unos pocos años los tiempos para sacar adelante una iniciativa industrial, minera u otras. Se trata de medidas que atenuarían los síntomas, pero no enfrentan el problema de fondo con una necesaria cirugía mayor, ya que los pobres no verán mejorada su situación en un Chile que se da el lujo de considerar normal el que se requiera más de una década para sacar adelante una iniciativa empresarial mayor o años para trámites menores.

Una intervención decidida está mandatada por el contundente rechazo del 4/09 al proyecto de constitución refundacional, donde quedó claro que no queremos un estado plurinacional ni privilegios o tratos discriminatorios en favor de un grupo por consideración a su condición racial, origen u otra, y señaló claramente el que los intereses y bienestar de las personas siempre deben estar, racionalmente, por sobre los hallazgos, pajarillos, insectos, arbustos o especies vegetales u otras consideraciones.

Chile no mejorará su mediocre crecimiento tendencial ni generará verdaderas oportunidades para todos sus habitantes si no acomete una decidida intervención de su legislación, con un cambio sustancial o derogación de la Ley Lafquenche, el Convenio 169 y la legislación derivada del mismo; de los sistemas de evaluación ambiental y normativa restrictiva del desarrollo; de las populistas atribuciones de CORE, Crubc, comités, colectivos ciudadanos y de grupos privilegiados que, en muchos casos, no son más que un indebido costo; del irresponsable e indolente ejercicio de sus atribuciones por consejos, corporaciones, direcciones y múltiples organismos y funcionarios que, impunemente, dilatan años y años el ocuparse de lo que la ley entrega a su resolución.